La creciente dependencia de servicios digitales y la brecha digital son problemas que afectan a diversos países latinoamericanos y a la población más vulnerable, en esta nota vamos a realizar un análisis de dicha problemática y haremos diversas propuestas para acortar, disminuir o erradicar la injusticia digital.
Tenemos como primer caso la situación de México, donde a pesar de su posición geográfica estratégica y su desarrollo económico, se enfrentan desafíos significativos en la erradicación de la brecha digital. La modernización tecnológica ha avanzado de manera considerable, especialmente en áreas urbanas; sin embargo, en regiones rurales y entre comunidades de bajos ingresos, la falta de acceso a servicios digitales sigue siendo una realidad.
En un informe del Banco Mundial sobre inclusión financiera en México, se destaca que a pesar de los avances en la banca móvil y otras tecnologías financieras, gran parte de la población rural aún se encuentra excluida de estos servicios[1]. La falta de infraestructura y la limitada conectividad son obstáculos significativos para la adopción generalizada de servicios financieros digitales.
En el ámbito gubernamental, a pesar de los esfuerzos por digitalizar servicios, las comunidades marginadas continúan enfrentando barreras para acceder a trámites esenciales. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) revela que en algunas zonas rurales, más del 40% de la población no tiene acceso a internet [2].
La educación también se ve afectada por la brecha digital. El programa «Aprende en Casa», implementado durante la pandemia, reveló las disparidades en el acceso a la educación en línea. Los estudiantes en áreas urbanas tenían más probabilidades de beneficiarse de esta modalidad, dejando rezagados a quienes no contaban con dispositivos o conectividad adecuada [3].
La situación se agrava al considerar la discriminación de género y etnia. Las mujeres y las comunidades indígenas son particularmente vulnerables a la brecha digital, enfrentando obstáculos adicionales para acceder a oportunidades económicas y educativas.[4]
En el caso de Brasil, siendo uno de los países más grandes y culturalmente diversos de América Latina, enfrenta desafíos considerables en la superación de la brecha digital. Aunque ha habido avances notables en términos de conectividad y adopción tecnológica, la disparidad persiste, especialmente entre áreas urbanas y rurales.
Un informe del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) destaca que a pesar del aumento en la penetración de internet, las áreas rurales de Brasil siguen rezagadas en términos de acceso a servicios digitales, lo que afecta directamente a la inclusión financiera y la participación en la sociedad digital[5].
La falta de infraestructura adecuada es un problema crucial. Alrededor del 39% de la población rural no tiene acceso a internet, según datos del Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE)[6]. Esto no solo limita el acceso a servicios gubernamentales y privados, sino que también afecta la educación y la oportunidad económica en estas áreas.
En el ámbito educativo, el uso de tecnología en las escuelas varía significativamente entre las regiones. Mientras que algunas escuelas en áreas urbanas tienen acceso a recursos digitales, muchas en áreas rurales carecen de la infraestructura necesaria, afectando la calidad de la educación[7].
A pesar de su tamaño reducido, El Salvador enfrenta desafíos notables en términos de brecha digital. Las áreas urbanas experimentan un acceso relativamente mejorado a la conectividad, mientras que las zonas rurales a menudo carecen de acceso a servicios digitales esenciales. La implementación de políticas que mejoren la infraestructura de conectividad en áreas menos desarrolladas es crucial para abordar esta disparidad[8]
En el ámbito regulatorio, garantizar que los servicios gubernamentales y privados estén disponibles de manera equitativa en todo el país es esencial para una inclusión digital efectiva. Iniciativas que fomenten la inclusión financiera y la alfabetización digital pueden desempeñar un papel vital en cerrar la brecha digital en El Salvador[9].
Honduras por su parte enfrenta desafíos similares en términos de brecha digital. La falta de infraestructura de conectividad en áreas rurales ha dejado a gran parte de la población sin acceso a servicios digitales. La expansión de la conectividad rural y la implementación de regulaciones que aseguren la disponibilidad equitativa de servicios son esenciales para mejorar la inclusión digital[10].
En el ámbito educativo, las disparidades en el acceso a recursos digitales también son evidentes. El desarrollo de políticas educativas que garanticen el acceso equitativo a la tecnología en todas las escuelas puede contribuir a cerrar la brecha educativa y digital en Honduras[11].
Guatemala, con su diversidad cultural, se enfrenta a desafíos de conectividad y participación digital. La falta de infraestructura en áreas rurales ha dejado a comunidades enteras sin acceso a servicios digitales. La expansión de la conectividad y la implementación de regulaciones que garanticen la disponibilidad equitativa de servicios son esenciales[12].
La participación ciudadana en la formulación de políticas digitales también es crucial. Garantizar que las voces de todas las comunidades se escuchen en la toma de decisiones puede ayudar a abordar las necesidades específicas y cerrar la brecha digital en Guatemala[13].
Al explorar otros países, llegaremos a un consenso en que la brecha digital en Latinoamérica no se limita únicamente a la carencia de acceso a la tecnología; es un fenómeno que se refleja en la desigualdad en la calidad y disponibilidad de servicios digitales fundamentales. Desde la educación en línea hasta los servicios gubernamentales, esta disparidad persiste, agravando las desigualdades preexistentes.
Podemos también observar lo que ha sucedido en el ámbito bancario en Latinoamérica, donde la injusticia digital se evidencia en la exclusión financiera de amplios sectores de la población, ya que muchos ciudadanos carecen de acceso a servicios bancarios básicos debido a la falta de infraestructuras digitales inclusivas. La adopción de tecnologías financieras (fintech) ha llevado a la exclusión de aquellos que no pueden acceder o comprender estos servicios, profundizando así la división económica.
La falta de transparencia y rendición de cuentas en el uso de tecnologías por parte de los gobiernos contribuye significativamente a la injusticia digital. La implementación de servicios digitales gubernamentales a menudo carece de un enfoque inclusivo, dejando a segmentos significativos de la población sin acceso a información crucial y participación en procesos gubernamentales.
Soluciones estratégicas legales.
Lo primero que se debe hacer es fomentar la colaboración entre países latinoamericanos para establecer estándares comunes y compartir mejores prácticas en la legislación de
justicia digital[14] ya que para mitigar la injusticia digital, se requiere la creación de leyes específicas que aborden la misma con una Legislación Integral en Latinoamérica.
Si logramos construir un marco normativo unificado, se permitirá no solo la identificación de desafíos compartidos, sino también la formulación de soluciones más efectivas y adaptadas a la diversidad de contextos presentes en Latinoamérica. Esta sinergia legislativa puede convertirse en la base sólida sobre la cual construir un entorno digital más equitativo, abordando no solo la falta de acceso a la tecnología, sino también aspectos cruciales como la protección de datos, la privacidad y la eliminación de la discriminación algorítmica. En este camino hacia una justicia digital integral, la colaboración entre países se erige como un pilar esencial para el avance conjunto hacia un futuro digital más inclusivo y justo en la región latinoamericana.
Es crucial reconocer que no se debe depender exclusivamente de la corrección mediante sanciones. En lugar de limitarnos a imponer sanciones económicas significativas a prestadores de servicios, bancos y entidades gubernamentales que no cumplan con estándares de accesibilidad digital, propongo adoptar un enfoque equilibrado. Junto con medidas correctivas, podemos implementar incentivos fiscales para aquellos que adopten prácticas inclusivas, especialmente en beneficio de las comunidades marginadas y desprotegidas. Este enfoque dual no solo busca corregir comportamientos no conformes, sino también fomentar activamente iniciativas que promuevan la inclusión digital y la equidad en el acceso a la tecnología.
Para poder lograr más y mejores normas y plataformas digitales legales se debe de fomentar la participación ciudadana en la formulación de políticas relacionadas con la tecnología, garantizando que las voces de todos los sectores de la sociedad en todos o la mayoría de los países latinoamericanos sean escuchadas y consideradas en el desarrollo de regulaciones.[15]
En el camino hacia la erradicación de la Injusticia Digital en Latinoamérica, es imperativo que cualquier marco legal estratégico adopte un enfoque fundamental basado en los derechos humanos. Esta perspectiva proporciona la base esencial para desarrollar soluciones efectivas y sostenibles. Al tomar como eje este enfoque, se garantiza que todas las medidas legislativas emprendidas respeten, ante todo, los principios fundamentales de igualdad, no discriminación y participación activa de la ciudadanía.
La incorporación del enfoque de derechos humanos en la legislación digital implica reconocer que el acceso equitativo a la tecnología es un derecho fundamental.
Este principio no solo aborda la disponibilidad de servicios digitales, sino que también se extiende a la protección de la privacidad, la no discriminación en el uso de algoritmos y la participación activa de la ciudadanía en la formulación de políticas digitales.
En palabras de Sen, el reconocido economista y filósofo, «La libertad no es solo uno de los aspectos más valiosos de la vida; es también esencial para cualquier enfoque verdaderamente valioso de la justicia social y la equidad»[16]. Esta cita resalta la importancia de la libertad digital como un componente clave en la lucha contra la injusticia en el entorno digital.
Asimismo, Nussbaum, filósofa y teórica política, argumenta que «la justicia social requiere la capacidad de participar activamente en decisiones políticas y sociales». Esta afirmación refuerza la necesidad de garantizar la participación activa de la ciudadanía en la formulación de políticas digitales para lograr una verdadera justicia en el ámbito digital.[17]
En consecuencia, un marco legal que incorpore estos principios no solo abordará la falta de acceso a la tecnología, sino que también protegerá a las comunidades más vulnerables y desprotegidas. Esta perspectiva integral es esencial para lograr una transformación significativa y duradera hacia una Latinoamérica digitalmente justa.
Fuentes:
[1] Banco Mundial. (2020). «Mexico – Financial Inclusion Survey.» https://data.worldbank.org/indicator/FX.OWN.TOTL.CD
[2] INEGI. (2021). «Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares.» https://www.inegi.org.mx/programas/edutih/2020/
[3] Secretaría de Educación Pública. (2020). «Aprende en Casa.» https://aprendeencasa.sep.gob.mx/
[4] Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. (2020). «Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2020.» https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Documents/PEC/Informe_Evaluacion_PDS_2020.pdf
[5] Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2018). «Connecting the Dots: A Road Map for Better Integration in Latin America and the Caribbean.» https://publications.iadb.org/publications/english/document/Connecting-the-Dots-A-Road-Map-for-Better-Integration-in-Latin-America-and-the-Caribbean.pdf
[6] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2021). «Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Tecnologia da Informação e Comunicação.» https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101680.pdf
[7] Ministério da Educação. (2019). «Mais Alfabetização Digital.» http://alfabetizacao.mec.gov.br/
[8] Organización de los Estados Americanos (OEA). (2019). «Diagnóstico de las Tecnologías de la Información y Comunicación en El Salvador.» https://www.oas.org/cyber/esp/ict_indicators_el_salvador_2019.pdf
[9] Banco Mundial. (2020). «El Salvador – Financial Inclusion and Infrastructure Project.» https://projects.worldbank.org/en/projects-operations/project-detail/P169155 Contexto Legal Actual:
[10] Banco Interamericano de Desarrollo (BID). (2018). «Honduras – Diagnóstico de la brecha digital para el desarrollo.» https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Diagnostico-de-la-Brecha-Digital-para-el-Desarrollo.pdf
[11] Secretaría de Educación de Honduras. (2020). «Plan Estratégico de Tecnologías de Información y Comunicación (PETIC).» https://www.se.gob.hn/documentos/planes-y-politicas-educativas/1048-plan-estrategico-de-tecnologias-de-informacion-y-comunicacion/file.html
[12] Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Guatemala. (2019). «Plan Nacional para el Desarrollo de la Banda Ancha en Guatemala.» https://www.minfin.gob.gt/index.php/informacion-detalles/5510-plan-nacional-para-el-desarrollo-de-la-banda-ancha-en-guatemala
[13] Gobierno de Guatemala. (2016). «Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicación 2016-2019.» https://www.scep.gob.gt/images/Documento/pdf/plantici.pdf
[14] CEPAL.(2023). «Desafíos de la Agenda Digital para América Latina y el Caribe.»
Haz clic para acceder a S2000189_es.pdf
[15] Transparencia Internacional.(2021).
«Tech For Transparency: América Latina y el Caribe.» https://www.transparency.org/files/content/2021_Tech_for_Transparency_Regional_Report_ES.pdf
[16] Sen, A. (2009). «The Idea of Justice.» Harvard University Press
[17] Nussbaum, M. C. (2011). «Creating Capabilities: The Human Development Approach.» Harvard University Press.
Tema de relevancia en nuestros países latinoamericanos, donde las diferencias sociales son marcadas y las injusticias se reflejan morbosamente en las (carencias de) oportunidades. Nota muy completa, revisión exhausta, buena revisión.
La falta de inclusión digital es un problema que debe abordarse de manera urgente. Es necesario un esfuerzo conjunto de gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil para garantizar que todas las personas tengan acceso a internet y puedan aprovechar sus beneficios.Para abordar la falta de inclusión digital, se necesitan medidas a nivel local, nacional e internacional:Invertir en infraestructura,
Reducir el costo de los dispositivos y servicios.Promover la alfabetización digital.
Cómo es bien mencionado es indispensable la implementación de un nuevo y actualizado marco normativo que incluya las nuevas tecnologías y que al mismo tiempo tenga en consideración a las comunidades marginadas para su protección, ya que la falta de acceso a estas solo incrementa un problema con el que hemos estado batallando como país; el analfabetismo y la falta de acceso a la información, por lo que nos quedamos en el tercer mundo y no podemos incrementar nuestros ingresos económicos, esto siendo como un juego de Domino.
Estimada Daniela,
Gracias por tus comentarios.
Te recomendamos leer también los siguientes artículos desde una perspectiva con y desde los sectores marginados:
Carolina Cardozo, «Yo y la tecnología, como parte de una minoría marginada», TECNOLOGIA HUMANIZADA Num. 2 del 2021
Angela Gordillo, «Yo Ángela y la tecnología, como parte de una minoría marginada», TECNOLOGIA HUMANIZADA Num. 4 del 2022
Gustavo Reimondo, «Injusticia Digital» TECNOLOGIA HUMANIZADA Num. 1 del 2024
También te invitamos a interiorizarte en nuestra acción social Realidad Empoderada, desarrollo de tecnología para el empoderamiento social solidario
Te deseamos una buena lectura.
Saludos!
Es una nota realmente importante, ya que nos habla de las injusticias digitales que actualmente es un tema que está muy presente en la sociedad. Así sabemos lo que realmente está pasando y como ayudar a que cada vez pase menos.